La administración de Donald Trump ha anunciado la creación de un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, con sanciones severas para quienes no cumplan con la normativa.
La medida, que afecta a personas mayores de 13 años en situación irregular, establece que quienes no se inscriban podrían enfrentar multas de hasta 5,000 dólares (casi 128 mil lempiras) y penas de prisión de hasta seis meses, según informó The Wall Street Journal.
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Un nuevo paso en la política migratoria de Trump
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha reforzado su política de mano dura contra la migración irregular.
Esta nueva iniciativa busca fortalecer el control migratorio y fomentar la salida voluntaria de quienes residen ilegalmente en el país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en un memorando que el objetivo de la medida es ofrecer a los inmigrantes dos opciones:
Abandonar el país voluntariamente y regularizar su situación de manera legal, o enfrentar sanciones penales y económicas.
“Los extranjeros en este país ilegalmente enfrentan una elección”, afirmó Noem.
Inspirado en leyes de la Segunda Guerra Mundial
Para implementar este registro, la administración Trump ha recurrido a una legislación de 1940, que en su momento fue utilizada para rastrear a presuntos comunistas durante la Segunda Guerra Mundial.
Este sistema de registro también se reactivó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la administración de George W. Bush exigió a hombres y adolescentes de países predominantemente musulmanes proporcionar sus huellas dactilares y fotografías al gobierno federal.
Este programa resultó en la detención y deportación de decenas de miles de personas, según CBS News.
El registro también establece que los padres o tutores de adolescentes indocumentados serán responsables de registrarlos en el sistema. Una vez inscritos, los adultos recibirán un documento de registro obligatorio, que deberán portar en todo momento.
Controversia y desafíos legales
Esta nueva política ha generado críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos legales, quienes consideran que podría saturar el sistema judicial y penal.
Muchos inmigrantes no tienen los recursos para pagar una multa de 5,000 dólares, lo que podría derivar en un aumento de la población carcelaria.
Se teme que la persecución de casos de incumplimiento sobrecargue los tribunales y los recursos fiscales del país.
La medida no se aplicará a residentes legales permanentes, beneficiarios de visas o permisos de trabajo, ni a quienes ya estén en procesos de deportación.
Un mensaje contundente de la Casa Blanca
Desde su primer día en su nuevo mandato, Trump ha priorizado medidas para endurecer la política migratoria.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que la intención de la Casa Blanca es clara: "El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora", declaró McLaughlin.
Con esta nueva acción, la administración Trump da un paso más en su escalada contra la migración irregular, lo que podría provocar un aumento en las deportaciones y una mayor tensión en el debate migratorio dentro del Congreso y la opinión pública.