La convocatoria a las organizaciones de sociedad civil vinculadas a justicia y derechos humanos se realizó en apoyo al Poder Judicial y con base en los artículos 6 y 8 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, informó la STLCC.

Las organizaciones de sociedad civil deberán acreditar a más tardar el 21 de mayo a quienes deseen participar en la asamblea, que se realizará el 26 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la capital Tegucigalpa.

En la asamblea, que presidirán los secretarios de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, y Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, se definirá el mecanismo de votación.

Una vez que se elija al representante de sociedad civil, se conformará además un comité de impugnaciones, ante el cual podrán presentarse delaciones en caso de que la persona elegida no cumpla con los requisitos legales para ser parte de la Junta Proponente.

Además de la sociedad civil, la Junta Proponente contará con representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las universidades privadas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, será acompañada por otro magistrado o magistrada del Supremo, que será elegido o elegida por el pleno del Alto Tribunal.

Mientras que al Conadeh lo representará la ombudsman Blanca Izaguirre y al CAH su prosecretario, Alejandro Hernández.

Todavía está pendiente la designación que efectúen la UNAH y las universidades privadas.

¿Cómo se elegirá al nuevo fiscal general?

La Junta Proponente entrevistará y evaluará a las personas que se postulen para convertirse en candidatos o candidatas a los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto de la República para el período 2023-2028.

Una vez culminado el proceso, la Junta Proponente remitirá al Congreso Nacional una nómina de cinco candidatos y candidatas al cargo, como resultado de haber obtenido las mejores evaluaciones.

Los legisladores elegirán con un mínimo de 86 votos a las personas que se desempeñarán en ambos cargos.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, dejarán sus cargos el próximo 31 de agosto, aunque una eventual reforma constitucional, que permitiría la creación de un tercer fiscal general adjunto o la elevación del director de Fiscalía a elección de segundo grado, les permitiría quedarse al mando del Ministerio Público al menos hasta el 25 de enero de 2024.