Después de casi cinco meses, el 6 de octubre de 2023, la Fiscalía rechazó la solicitud y en su lugar proporcionó una lista de la información producida hasta ese momento, sin abordar la información esperada por la defensa, según el abogado Raymond Colón.

En una notificación del 25 de octubre de 2023, la defensa advirtió que, si el Gobierno no cumplía con la entrega de la información, el juez podría conceder un aplazamiento, imponer sanciones probatorias o aplicar desacato u otras sanciones debido a la falta de divulgación. Además, se mencionó la posibilidad de que se desestimen los cargos antes del juicio o se anule una condena después del juicio o una declaración de culpabilidad.

Este 4 de enero de 2024, la Fiscalía de Nueva York informó al juez Castel que la Corte puso a disposición del Oficial de Seguridad de la Información Clasificada (CISO) una "presentación clasificada" con fecha del día mencionado.

Asimismo, indicó que partes de dicha documentación se presentaron ex parte, procedimiento legal en el que una parte involucrada presenta argumentos ante el tribunal sin la presencia o notificación a la otra parte implicada.

Además, informan que "se está proporcionando una copia de la presentación, redactando las partes proporcionadas al Tribunal ex parte, al abogado autorizado de Juan Orlando Hernández a través del CISO".

¿Qué pedía la defensa de JOH?

Los apoderados legales del expresidente Hernández buscaban acceso a decisiones orales y documentos clasificados para obtener información relevante. Pretenden identificar a individuos relacionados con operaciones antidrogas en Honduras.

El juez Castel denegó la solicitud, citando razones de seguridad nacional. La Fiscalía pidió una prórroga, aceptada por el juez, y cuya entrega estaba programada precisamente para el pasado 4 de enero de 2024.

La defensa se ampara en la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal, que exige al Gobierno revelar al acusado información relevante en su posesión. La audiencia de información en el caso se mantiene programada para el 16 de enero de 2024, en la que Hernández tendrá acceso a información (clasificada o no).

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