Bonilla, que fue jefe de la Policía Nacional durante el mandato del expresidente, fue el último en admitir su culpabilidad por los delitos de "conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos" y la tenencia y uso de armas para facilitar el traslado de la droga.

Antes, Hernández Pineda, primo de Juan Orlando Hernández, y exoficial de la Policía Nacional, ya se había declarado culpable de los mismos delitos.

En el sistema judicial estadounidense, la declaración de culpabilidad suele ir aparejada con un pacto por una reducción de penas a cambio de colaborar con la Justicia, facilitando la detención de otros implicados o desvelando la existencia de las tramas criminales.

Quizás anticipando lo desesperado de su situación, el expresidente hondureño envió este lunes una carta a sus seguidores, publicada por su esposa Ana García, en redes sociales, en la que asegura que las acusaciones en su contra son "falsas e injustas", y que se basan en el testimonio de "narcotraficantes confesos".

Según Hernández, estos colaboradores "son capaces de decir cualquier mentira con tal de lograr su venganza contra mí y la reducción de sus penas, no pagar por sus crímenes contra cientos de hondureños y tener nuevas identidades para sus familias".

Captura, extradición y juicio

Hernández fue capturado el 15 de febrero de 2022 en su domicilio, en Tegucigalpa, y extraditado el 21 de abril de ese mismo año a Estados Unidos, país que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas para introducir droga al país.

El proceso debía haber comenzado el pasado 5 de febrero, pero el juez concedió en los últimos días una petición de Hernández para cambiar de abogado y lo aplazó una semana.

Fue el tercer aplazamiento de la causa, seguida muy de cerca en el país latinoamericano por ser la primera imputación de un exgobernante hondureño en Estados Unidos por narcotráfico.

Una petición posterior de la defensa de Juan Orlando Hernández para aplazar de nuevo el juicio fue denegada.

Se espera que el proceso dure entre cuatro y seis semanas, según dijo a EFE uno de sus abogados. Los tres cargos de los que se le acusa comportan todos una pena máxima de cadena perpetua.

La Fiscalía hondureña estará presente

En el proceso estará además presente un equipo de fiscales del Ministerio Público de Honduras para evaluar si lo revelado durante la causa amerita nuevos procesos en el país latinoamericano contra las empresas, personas o grupos mencionados.

Hernández fue presidente de Honduras durante dos períodos de cuatro años cada uno (2014-2022), el segundo mediante una cuestionada reelección, lo que la Constitución hondureña no permite bajo ninguna modalidad, y denuncias de fraude por parte de la oposición.

Su mandato finalizó el 27 de enero de 2022, y ya en febrero las autoridades informaron de que Washington había solicitado su extradición por narcotráfico y uso de armas.

Según la acusación estadounidense, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, entre otros individuos.

"Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en Presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera", se puede leer en un comunicado del Departamento de Justicia.

Desde 2014, EE.UU. comenzó a señalar y pedir la extradición de hondureños para juzgarlos por narcotráfico.

Entre 2014 y lo que va de 2024 han sido entregados en extradición unos 40 hondureños, incluidos el expresidente Hernández y un hermano suyo, Juan Antonio, quien ya fue condenado a cadena perpetua.