Opiniones divididas entre instituciones civiles, políticas y autoridades del país es lo que ha traído consigo la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. En ese sentido, una de las recientes interrogantes es la referente a Marco Bográn, pues hay sectores que se preguntan si, en caso de avanzar su investigación y pasar a ser acusado, se vería beneficiado por la nueva normativa.

La Fiscalía señaló el miércoles que a Marco Bográn se le supone responsable de los delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

En ese sentido, el abogado Julio Ramírez expresó en Frente a Frente que, con el viejo Código, si se le llegara a nombrar culpable al director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), se enfrentaría a una pena de 15 a 27 años, mientras que con la vigencia del Nuevo Código Penal la pena oscilaría los 11 a 16 años de prisión.

El profesional de derecho explicó que "si sumamos la pena de los tres delitos por los que está siendo investigado, bajo el Código de 1984, sería una pena de 15 a 27 años de reclusión y, con el Código 2020 sería de 14 años a 21 años de prisión y además una multa de 184 a 426.8 millones de lempiras, sino paga la multa va a 4 años de trabajo comunitario".

Aquí la entrevista completa:

Mientras tanto, el abogado Oliver Erazo es del criterio que "sorprende tratar de acomodar la Constitución, bajo un manto de interpretación del artículo 171 constitucional, no fue constitucional lo que sucedió anoche en el Congreso Nacional".

Por su parte, el abogado penal Jair López explicó a Telenoticias que el Código actual, en el artículo 376 tiene una pena privativa de libertad de 6 a 9 años y, con el Código nuevo, el artículo 482 dice que se va a sancionar con 5 a 7 años.

Además, manifestó que la malversación de caudales públicos se castiga con prisión de hasta 15 años (Art. 474 y 478).

Aquí la entrevista completa:

"El abuso de autoridad ya no está en el nuevo Código bajo el artículo 349 numeral 2, queda despenalizado y además los demás tipos penales de abuso de autoridad ya no tienen un pena privativa de libertad y se sustituyen por una inhabilitación para especial para el funcionario", dijo López.

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